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  Justicia Internacional frente la violación de derechos humanos durante las protestas ante las elecciones declaró que "Innumerables abusos a los derechos humanos han ocurrido en Venezuela en los días posteriores a la elección presidencial de Abril 14, donde un resultado cerrado y un esfuerzo para lograr una auditoría formal y ajustada a la normativa electoral de ese país llevó a miles de personas a la calle. Hay abundantes registros de los abusos cometidos por autoridades uniformadas quienes buscaron reprimir a los protestantes con excesiva fuerza y hasta con hechos violentos y de sangre claramente deplorables y en franca y déspota acción que en ningún momento obedecen a los principios internacionales que sobre la materia rigen el por demás democrático principio del derecho a la libre protesta. Estos hechos constituyen un claro irrespeto a los derechos humanos y Justice International presenta esta propuesta de proyecto que busca unir voluntades y recabar recursos para asistir a las ONGs y a las mujeres y hombres activistas en derechos humanos en Venezuela debidamente acreditados como representantes de las víctimas de tales abusos para facilitarles las actividades que a nivel internacional realicen en la materia. Mucho agradeceríamos sus comentarios, colaboraciones para este proyecto preliminar que irá definiendo casos específicos de denuncias que requerirán de su apoyo. Cualquier donación que puedan proveer para desarrollar las acciones internacionales que sobre la materia se planteen será de mucha utilidad en este esfuerzo. Gracias!"

Justice International intensifica el trabajo ante la OEA para la restauración democrática en Venezuela En el marco de la 47ª reunión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llevada a cabo entre este 19 y 21 de junio en Cancún, Justice International realizó un llamado a actuar en pro de la restauración de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la salida de la crisis humanitaria en Venezuela. En una carta, enviada por la ONG de derechos humanos, se expone a los embajadores ante la OEA (particularmente Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Granada, Haití, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Antigua y Barbuda y Suriname) material informativo sobre la agudización de la crisis humanitaria y el resquebrajamiento de las instrucciones democráticas para que sea tomado en consideración por sus respectivos gobiernos. Previo a esta misiva, Justice International junto a otras organizaciones venezolanas en el exterior han estado trabajando en este tipo de acciones para presionar a los países de la región con el objetivo de promover acciones conducentes a una resolución de la crisis venezolana. Una de estas acciones encabezada por Karym Salcedo, representante de la ONG en Miami junto a otras organizaciones locales, es encargarse de hacer entrega a autoridades diplomáticas de El Salvador una misiva para solicitar el apoyo de la delegación salvadoreña ante la OEA en cuanto a la de la Carta Democrática Interamericana (CID), luego de la negativa de este país en la votación para la aplicación de este mecanismo a Venezuela el pasado  23 de junio de 2016. Igualmente, representantes de Justice International en colaboración con otras organizaciones tuvieron la oportunidad de entregar una petición, respaldada por 6615 firmas, para exigir la continuación de los esfuerzos por la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CID).  La iniciativa se dio por parte de Brenda Garrido y fue entregada y recibida por el Secretario General de la OEA Luis Almagro, el pasado 04 de marzo de 2017. Estos proyectos se realizaron en el marco de la campaña #OEACartaYA, organizada por diversas organizaciones promotoras de la democracia en Venezuela. La plataforma de esta campaña y otras relacionadas se encuentra en www.justiciainternacional.org y en https://twitter.com/JusticiaIntl    

  Demandan al Tribunal Supremo de Justicia  que proteja el derecho a la manifestación pacífica El Universal / Caracas.- Ante las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con las protestas estudiantiles que se intensificaron el 12 de febrero, los abogados Cristina Carbonell Parada, Gerardo Bello Aurrecoeche y Omar Arenas Pérez, en colaboración con Justicia Internacional, una ONG promotora de los Derechos Humanos, interpusieron este jueves una demanda en defensa del derecho a la manifestación pacífica, consagrado en el Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La acción que tuvo lugar ante la Sala Constitucional del máximo órgano del sistema judicial venezolano fue presentada como una demanda por intereses colectivos y difusos “en representación del pueblo venezolano, de todos los que ejercen el derecho a la protesta pacífica…”, señaló la abogada Cristina Carbonell. La demanda incluye argumentos demostrativos de violaciones a los derechos de manifestación pacífica, al derecho a la seguridad personal y la integridad física, al derecho al debido proceso, así como violaciones referentes al tema de la libertad de expresión. A juicio de los demandantes, tales violaciones fueron perpetradas por los cuerpos de seguridad del estado (la GNB, la PNB y el SEBIN) quienes incurrieron “de manera recurrente en actos de represión desproporcionados a manifestantes pacíficos” . La acción también está dirigida a denunciar las actuaciones del Ministerio de Interior y Justicia por ser “el coordinador de la política de seguridad de la Nación”, indica el documento entregado. Por su parte, el abogado Omar Arenas, especialista de derechos humanos, señaló que la demanda incluye entre los agraviantes a la Defensoría del Pueblo por “omitir la defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución” y la Fiscalía General de la República por “omitir de manera recurrente la investigación de casos notorios de represión y brutalidad policial” durante las recientes manifestaciones. Arenas, colaborador de la ONG Justicia Internacional, destacó la importancia que estos organismos, con indiscutible responsabilidad en materia de derechos humanos “actúen en forma expedita y eficiente”. El gobierno está obligado a “resguardar, proteger y respetar el derecho al ejercicio de la manifestación pacífica, esta no puede ser calificada como un acto delictivo” concluyó Arenas. Los accionantes expresaron su confianza en cuanto a que el TSJ encontrará los argumentos presentados admisibles y con causa, y “sancionará con la urgencia que el caso amerita, a favor de los manifestantes”, indicó la abogada Cristina Carbonell. El TSJ debe proceder de inmediato “a restaurar las garantías al derecho a la manifestación pacífica consagradas en la constitución de tal forma que en Venezuela se dé cabida a la expresión disidente y la pluralidad de opiniones propia de la práctica democrática”, concluyó el abogado Gerardo Bello en su exhorto al Tribunal Supremo del país. Por su parte Carlos Suárez, director de Justicia Internacional, resaltó la destacada labor que las ONGs de Derechos Humanos a escala nacional e internacional vienen jugando en la actual crisis venezolana. Por lo anterior, Suárez aseguró que “próximamente estaremos informando a las diferentes instituciones del sistema internacional de justicia sobre esta importante iniciativa que en materia de derechos humanos se ha tomado hoy en Venezuela”. Fuente: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140404/demandan-al-tsj-que-proteja-el-derecho-a-la-manifestacion-pacifica, http://rebeliometro.com/demandan-al-tsj-que-proteja-el-derecho-a-la-manifestacion-pacifica/            

  Excelentísimo Señor Embajador Calles Castillo: Nosotros, miembros de la diáspora venezolana muchos exilados o desplazados en diferentes países del mundo a raíz de la crisis que vive nuestro país, ocurrimos respetuosamente ante ustedes con el fin de hacerles llegar la inquietud generalizada de la sociedad civil venezolana en relación a la profundización de la crisis en nuestro país y la necesidad urgente de activar en toda su plenitud la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. El objetivo de esta misiva es solicitar su buena pro a favor de convocar la Carta Democrática Interamericana ante la crisis institucional en Venezuela, iniciativa que viene promoviendo el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Procuramos también someter a su consideración material informativo actualizado, desarrollado por instituciones y ONG especializadas, en relación con la agudización de la crisis venezolana y sus ramificaciones en materia de democracia, derechos humanos y crisis humanitaria. Venezuela vive una crisis social, política y económica de considerable magnitud. La lucha por el poder en Venezuela se ha traducido en una crisis política y de derechos humanos conocida ampliamente por la comunidad internacional. Hoy por hoy, Venezuela ocupa el segundo lugar en las estadísticas de muertes violentas per cápita en el mundo. La pobreza 1 en Venezuela ha llegado a cifras alarmantes: 80% de la población se encuentra en estado de pobreza. El día a día de la economía de la familia venezolana se ve afectado por la inflación 2 más alta del mundo y por niveles de desabastecimiento de productos y, en consecuencia, de 3 servicios básicos que afectan derechos tan fundamentales como el derecho a la salud y a la alimentación. Esta problemática ha conllevado a una crisis humanitaria en Venezuela, sin precedentes históricos para este país suramericano. La grave situación en cuanto a las flagrantes violaciones de los principios democráticos y los derechos humanos por parte del Estado venezolano, así como la crisis humanitaria que vive ese país es un tema conocido por Ud. como representante de su país en la instancia deliberante de la OEA, el Consejo Permanente. Recordará Ud. que durante una convocatoria previa a mediados de 2016 para discutir el tema de la activación de la Carta Democrática Interamericana para el caso venezolano, la violación de los derechos humanos y la crisis humanitaria fueron discutidos. En aquella ocasión, el Secretario General de la institución hizo la presentación de orden ante el Consejo Permanente, en la cual, con las debidas evidencias, pasó a revisar la situación de las instituciones democráticas en Venezuela y la crisis de derechos que vivieron los venezolanos para aquel entonces. Es así como dos referencias clave para entender la amplitud y gravedad de la crisis venezolana en un análisis históricos son la carta convocatoria a la reunión del Consejo Permanente interpuesta por Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados 1 De acuerdo al reporte de la UNODC Venezuela ocupó el segundo lugar en el mundo en cuanto al número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el año 2014, ver las estadísticas al respecto en https://data.unodc.org/. Para el 2015 Venezuela podría haber sobrepasado a Honduras y convertirse en el país más violento del mundo de acuerdo a la información del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), ver reporte sobre esta materia en ABC Madrid. “Venezuela alcanza en 2015 cifra histórica de homicidios: 90 por cada 100.000 habitantes”. [www.abc.es], 29 de diciembre de 2015, [Fecha de consulta: 3 de julio de 2016]. Americanos (OEA), así como su subsecuente discurso, centro de la discusión en el Consejo Permanente sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana para el caso venezolano, de fecha 23 de junio de 2016. Almagro expone en estos documentos la “alteración del orden constitucional y como la misma afecta gravemente el orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela” . Almagro incluye igualmente el 4 tema de la crisis humanitaria en el sector salud en Venezuela como parte de los hechos alegados en la discusión que justifica la activación de un diálogo sobre el estado de la democracia en Venezuela en el marco de la normativa estipulada en la Carta Democrática Interamericana. A partir de la fecha del Consejo Permanente previamente citado, la crisis venezolana se ha agudizado. A la falta de libertad de expresión, la creciente represión y la inseguridad, se han sumado la agudización del desabastecimiento en materia de medicamentos y la falta de alimentos. La pobreza y la crisis alimentaria se ven agravadas por nuevas políticas de distribución de alimentos, un mecanismo por muchos tildado de carácter político llamado CLAP, el cual ha sido denunciado por varias ONG internacionales incluyendo la propia CIDH como un mecanismo violador del principio de no-discriminación, consagrado en el artículo 2 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), principio que debe imperar como aspecto integral a los derechos resguardado por ese Pacto Internacional. La agudización de la crisis se refleja en diversos trabajos de varias instituciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales que le servirán de actualización sobre el negativo avance de la crisis en Venezuela. En general, las conclusiones de estos documentos sugieren, contrario a los principios de cooperación nacional e internacionales que rigen en el PIDESC, que el Estado venezolano ha optado por el antagonismo y la persecución política de aquellos miembros de la sociedad venezolana que conforman la red de agentes necesarios para el buen funcionamiento de los sistemas públicos vinculados a derechos fundamentales y la democracia en general, en lo que representa el desmoronamiento de las instituciones democráticas y un grave recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Una de las expresiones más graves de esta situación donde se conjugan el incremento de la crisis y represión lo constituye la situación los presos políticos. El estado deplorable de la salud de cientos de privados de libertad por disentir del régimen, es otra violación que merece especial atención dentro de la denuncia que queremos exponer ante Uds. A estas personas, se les niega hasta el derecho a la atención médica cuando así lo han requerido. La ONG Foro Penal Venezolano denuncia que la falta de acceso a los servicios de salud representa un modus operandi del Estado venezolano. Esta ONG argumenta que el Estado venezolano ha usado la privación de los servicios de salud como una extensión de los mecanismos de represión del Estado en contra de los presos políticos . En Venezuela es urgente tomar medidas que permitan cambiar esta situación dado que de ello depende el resguardo del derecho a la salud, el derecho a la alimentación y derechos políticos y civiles fundamentales para convivencia democrática y con ello la prevención de hechos de suma gravedad que conllevan riesgos inminentes para el desarrollo de una vida digna y la preservación de la misma de la ciudadanía venezolana, consecuencias por definición de irreparable condición. La aplicación de la Carta Democrática será el marco que permitirá recuperar las instituciones democráticas y con ello el rescate de los mecanismos de cooperación nacional e internacional tan necesarios para lograr el avance de iniciativas sociales y de carácter cívico-político que permitan enfrentar la grave crisis que aqueja a los venezolanos hoy por hoy. Ciudadano Embajador, su consideración al apoyo de una iniciativa a favor de la activación plena de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela que permita restaurar los procesos sociales de cooperación necesarios para afrontar la crisis será agradecida por la multitud de Venezolanos que hoy padecen las calamidades que el resquebrajamiento de las instituciones democráticas han traído al país, tal como se invoca en el documento entregado recientemente a la presidencia de la OEA por parte su Secretario General. La conclusión de este documento es un llamado a la solidaridad de los pueblos del continente, de los miembros de la OEA, en defensa de la Democracia en Venezuela: “... el signo de la geografía continental ha sabido poner a la solidaridad como estandarte liberador...Esa es hoy la obligación moral y ética, el imperativo categórico que tenemos como naciones y como Organización: recuperar a Venezuela para los principios del Sistema Interamericano y devolver la democracia al país” . Sin más a que hacer referencia, nos despedimos de ustedes y les deseamos mucho éxito en sus arduas labores en pro de la defensa de la democracia en el continente americano.

   Alerta urgente ante potencial afectación de derechos políticos y civiles como consecuencia de represión política   Caracas, Agosto 30 del 2016 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos.-   Asunto: Alerta urgente ante potencial afectación de derechos políticos y civiles como consecuencia de la represión política ante manifestaciones de protestas programadas y de carácter espontáneo por suceder en Venezuela por la crisis política, social, económica y humanitaria.   Nos dirigimos a ustedes en nombre de Justicia Internacional, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, con el objetivo de solicitar su atención urgente y pronunciamiento oportuno en materia de protección de derechos políticos y civiles del pueblo venezolano. Ante el incremento de las protestas y manifestaciones que han venido ocurriendo como consecuencia de la crisis política, económica y humanitaria que vive el país y la persecución y represión política, además de la alarmante situación de violación de derechos humanos de la que han sido víctimas en diversas ocasiones los ciudadanos venezolanos.   Es deber de la CIDH tomar medidas de precaución, ya que, vista las actuaciones de represión por parte de organismos del Estado en distintas ocasiones, así como ataques violentos por parte de grupos armados contra algunos ciudadanos durante las manifestaciones pacíficas de protesta programadas y espontáneas. Es necesario y oportuno que la CIDH tome medidas al respecto, en virtud de que podrían ocurrir hechos de este tipo en días venideros. La presente misiva tiene como objetivo activar mecanismos de protección de los derechos humanos. De conformidad con el artículo 41 y 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos que instruyen a la CIDH en cuanto a los mecanismos de protección que dan potestad a cualquier persona, grupo u organizaciones no gubernamentales a dirigir peticiones y otro tipo de comunicaciones, incluyendo misivas con alertas urgentes sobre la potencial violación de un derecho protegido en el marco de la Convención Americana (artículo 44) o por el sistema universal de los derechos humanos.   No es secreto, que el Estado venezolano ha demostrado una conducta sistemática de violación de derechos humanos vinculados a mecanismos de represión política.  Se observan repetidas violaciones al derecho, a la manifestación política, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, así como violaciones a la participación política, a la libre expresión del pensamiento, a la libertad y objeción de conciencia, entendiendo que el ejercicio de estos derechos deben ser ponderados en relación con otros, como lo son el derecho a la vida, a la integridad física y al libre tránsito por el territorio nacional.   El carácter reincidente de la represión política, corroborado por acciones de similitud evidente en el tiempo, y dada su expansión geográfica en todo el territorio nacional, demuestran el carácter intimidatorio, protagónico y de premeditación que ha observado el Estado venezolano ante la expresión de miembros de la oposición política al gobierno sea este en procesos electorales, actos de protesta, o actos de expresión política consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   Es importante destacar que los Estados deben adoptar medidas para promover, mantener y fortalecer el pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta con respecto a la disensión en la sociedad, y de igual forma deben respetar y proteger por igual a los que expresan opiniones divergentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 21 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 15, reconocen el derecho de reunión pacífica y sin armas. La necesidad de defender de forma colectiva el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la protesta y el derecho a revocar electoralmente al gobierno venezolano, tal como lo establece su propia Constitución,  además de distinguir a la población venezolana en su totalidad como beneficiario de las acciones que solicitamos en este documento se establece en la medida que la represión política exige protección de derechos universales que afectan, con carácter urgente y en forma inmediata a la población venezolana.   En los medios de comunicación de Venezuela y del mundo, en distintos reportes, investigaciones y estudios de profesionales y organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas al tema de los derechos humanos, entre otros, se encuentran numerosas referencias a hechos  que demuestran la gravedad, amplitud y el alcance de la represión política en Venezuela, asi como su carácter sistemático y/o generalizado. Estos hechos, discutidos brevemente en el anexo a continuación y presentados en mayor detalle en su respectiva documentación, están relacionados con una serie de eventos y períodos emblemáticos de la historia reciente de Venezuela, a saber: la crisis postelectoral de las elecciones presidenciales del 2013; la masacre del 12 de febrero del 2014 y las manifestaciones subsecuentes de los años 2014-2015; elecciones parlamentarias de diciembre del 2015; y  las manifestaciones por la crisis política, economica y humanitaria del año en curso.   Queremos agradecerle de antemano por su buena pro con respecto a esta iniciativa en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Conociendo igualmente la obligación de la CIDH de actuar respecto a tales peticiones y comunicaciones de conformidad con el inciso “f” del articulo 41 previamente citado, pasamos a alertar a la Comisión sobre las potenciales afectaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos ante el aumento de la protesta ciudadana y la manifestación pacífica en Venezuela ante la crisis política, económica y humanitaria que vive ese país en virtud de las actuaciones de los organismos del Estado venezolano en materia de represión política, y en consecuencia solicitamos a CIDH realice labores de monitoreo y observancia de la protesta pacífica convocada por los distintos factores de oposición para este 1º de septiembre del presente año. Como se puede apreciar en la breve cronología anexa que describe la relación entre la protesta y la represión política en fechas recientes en Venezuela, tanto el carácter de la conducta, como las violaciones sistemáticas por parte de los distintos cuerpos de seguridad del Estado venezolano,  justifican esta carta de alerta con motivo de las movilizaciones a realizarse el 1º de septiembre, organizadas por la oposición al gobierno, con el objeto de alertar a la CIDH sobre esta situación y solicitar que el Estado venezolano tome medidas que permitan proteger los derechos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, en materia de protección de derechos humanos, y específicamente sobre los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos.  Dado el patrón de conducta observado por parte del Estado venezolano y su carácter violatorio de los derechos antes mencionados. Solicitamos que las acciones de protección sean de carácter colectivo en la medida que la represión política no ha distinguido grupo o región en específico.  Igualmente, la represión política ha mostrado un carácter sistemático que se ha venido radicalizando en el tiempo. Así mismo y de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, y su artículo 44 solicitamos a la CIDH cumpla con el mandato de velar por los derechos humanos, y exhorte al gobierno venezolano a que cumpla con su obligación de garantizar el respeto e integridad de las personas que ejerzan el derecho a la manifestación pacífica, así como velar por las garantías individuales. Sin nada más que comunicarle, en nombre de Justicia Internacional, me despido atentamente, su servidor, Omar Arenas Pérez Abogado Internacionalista- Justicia Internacional www.JusticiaInternacional.org Tlf: +1(650)8140730 (Directo) Tlf: +1(650)3181852 (Whatsapp)   Anexo: El Derecho a la Manifestación Pacífica y la Represión Política en Venezuela   Crisis Post-elecciones presidenciales del 2013   La referencia a la represión política post-elecciones presidenciales del 2013 no sólo es importante por la desmesurada violencia estatal observada en ese momento.  Más importante aún es el hecho que esta represión se considera el origen de un patrón de conducta, de un proceso sistemático de represión estatal observado hasta la fecha el cual ha sido objeto de denuncias por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de la Haya. El documento anexo “La Masacre del 12 de Febrero o del Día de la Juventud”, presenta en mayor detalle los hechos acontecidos durante las protestas ocurridas en el período post electoral de la elección presidencial del 2013.  Igualmente, discute su relación con otro hecho emblemático que marcó el inicio de una nueva etapa de represión: La Masacre del 12 de Febrero del 2014.   Masacre del 12 de febrero y manifestaciones subsiguientes   El 12 de Febrero del año 2014, día de la juventud en Venezuela mueren dos estudiantes en manifestaciones en Caracas a manos de miembros de la fuerza pública.  En los meses posteriores las cifra de muertos en manifestaciones llegaron a 43 en el 2014. Estas muertes formaron parte de una ola de represión sin precedentes en Venezuela y el mundo, cuyo saldo para finales de año fue de magnitud alarmantes.  Para finales del 2014, el Foro Penal Venezolano, una ONG que ha tenido una actuación destacada en la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, observaba que desde el 4 de febrero a la fecha, se habían realizado 3408 detenciones en Venezuela relacionadas con las manifestaciones ocurridas desde el día de la juventud, dentro de los cuales se encuentran 2576 estudiantes y  279 menores de edad o adolescentes, indicando: “El Foro Penal ha observado y compartido con representantes de la ONU que esta cifra de detenidos por manifestaciones podría ser la más alta del mundo en un país donde no hay guerra o conflicto armado, más aún si se analiza por número de habitantes. Muy seguramente es la mayor cantidad de estudiantes detenidos por protestar en la historia”. Para mayo del 2016, la misma ONG afirmaba: “Desde enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2016, ha registrado 5.853 detenciones, arrestos o encarcelaciones vinculadas con diferentes manifestaciones, por expresiones en redes sociales, y protestas por escasez de alimentos, recortes eléctricos programados y falta de agua, contra el gobierno en Venezuela. Actualmente, 1.998 personas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, y 96 se mantienen tras las rejas y 20 personas detenidas en Aroa, Estado Yaracuy, que a pesar de haber sido decretada su liberación bajo anza, el 9 de junio de 2016, se encuentran todavía encarceladas por irregularidades procesales.”El documento anexo “Reporte sobre la Represión Política Reporte sobre la Represión del Estado Venezolano Enero 2014 - Junio 2016” contiene un descripción detallada de los hechos de represión alegados para este período emblemático en relación a la persecución y represión política en Venezuela.   Elecciones parlamentarias Diciembre 2015 La violencia se ha convertido en una práctica habitual en los procesos electorales venezolanos donde entes paramilitares y grupos armados embisten de forma violenta contra los ciudadanos que se expresan electoralmente, muchas veces infringiendo daño a la integridad física de ciudadanos indefensos, estos grupos armados, afectos al gobierno, portan armas de fuego de alto calibre, y en ocasiones las utilizan para amedrentar a candidatos y a sus seguidores,  durante actos y campañas electorales, también se han presentado situaciones de violencia, al igual que en visitas y asambleas ciudadanas programadas en distintos puntos del país. La falta de pronunciamientos condenatorios y denuncia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la complacencia de los entes policiales y otros organismos encargados del orden público ante estos hechos que amenazan derechos fundamentales como la libre expresión política, la participación ciudadana y el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, debe ser no sólo condenada sino denunciada por toda misión electoral ajustada a la observación electoral garante del respeto y normal funcionamiento de los principios fundamentales de derechos humanos. El 25 de noviembre del 2015 fue asesinado el dirigente del partido Acción Democrática Luis Manuel Díaz en un acto electoral en Altagracia de Orituco. La OEA, Unasur y Amnistía Internacional condenaron el hecho y llamaron a que se hiciera una investigación independiente. Desde el punto de vista de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el asesinato de Díaz sería la epítome de una serie de ataques violentos presuntamente perpetrados por grupos afectos al gobierno a distintas actividades de campaña opositoras a lo largo del país durante esa campaña electoral. Los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones, no sólo son un aspecto de preocupación en la etapa pre-electoral. Experiencias previas, como el caso de la elección presidencial del 2013 previamente citado, sugieren que el sistema de monitoreo electoral internacional y de derechos humanos debe ser vigilante en cuanto al uso del amedrentamiento y la amenaza a la integridad física durante el mismo proceso de elección y la etapa post-electoral, así como en distintos actos y recorridos de carácter político.   Manifestaciones en relación a la crisis humanitaria a finales 2015-2016 La crisis que originó las protestas del 2014 recrudece hacia finales del 2015. Hoy por hoy Venezuela vive una crisis social, política y económica de considerable magnitud. La lucha por el poder en Venezuela se ha traducido en una crisis política y de derechos humanos conocida ampliamente por la comunidad internacional. Hoy por hoy Venezuela ocupa el segundo lugar en las estadísticas de muertes violentas per cápita en el mundo.  El día a día de la economía de la familia venezolana se ve afectada por la inflación más alta del mundo y niveles de desabastecimiento de productos y en consecuencia de servicios básicos sin precedentes históricos para este país suramericano. Dos referencias claves para entender en su amplitud y gravedad la crisis venezolana actual son la carta convocatoria de la reunión del Consejo Permanente interpuesta por Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como su subsecuente discurso, centro de la reciente discusión en el Consejo Permanente sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana para el caso venezolano.  Almagro expone en estos documentos la “alteración del orden constitucional y como la misma afecta gravemente el orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela”. Almagro incluye igualmente el tema de la crisis alimentaria y humanitaria en el sector salud en Venezuela, como parte de los hechos alegados en la discusión que justificaría la activación de un diálogo sobre el estado de la democracia en Venezuela en el marco de la normativa estipulada en la Carta Democrática Interamericana. Cabe destacar, que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el primer semestre de 2016 al menos 3.507 protestas. Un promedio de 19 protestas diarias en todo el territorio nacional. El saldo en el mes de junio representa un incremento de 24% en comparación con las protestas documentadas en los primeros seis meses de 2015. En los primeros seis meses del año en curso, el OVCS documentó 3.507 protestas, caracterizadas por: Protestas populares, protestas masivas, protestas espontáneas, protestas por alimentos, servicio de agua potable y electricidad, además de protestas nocturnas en todo el territorio nacional.  Estas manifestaciones han generado enfrentamientos con la fuerzas del orden público, sobre las cuales, la CIDH se pronunció en los siguientes términos:  “La CIDH expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia y tensión derivados de este contexto de escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. En dicho contexto han proliferado grupos especuladores conocidos popularmente como “bachaqueros”, hechos de corrupción, enfrentamientos entre particulares, saqueos de tiendas y centros comerciales y violencia ejercida en el marco de las distintas manifestaciones que han venido ocurriendo de forma espontánea, y actos de protesta social… En el contexto de protestas contra la inflación y la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, se habrían registrado enfrentamientos de manifestantes con la fuerza pública en los que habrían resultado personas muertas y heridas. La Comisión reitera que el uso de la fuerza en el contexto de una protesta social debe ser excepcional y debe estar regido por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La CIDH ha manifEstado su preocupación ante la declaración del Estado de excepción y emergencia económica en Venezuela en su comunicado de prensa del 1 de junio de 2016 y ha continuado realizando el monitoreo de dicha situación.”   La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió igualmente que el Estado de excepción declarado por el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado mes de mayo "pone en mayor riesgo la frágil situación de los derechos humanos" en ese país. también señalan que Venezuela atraviesa una crisis grave, que afecta los derechos de la población, caracterizado por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica.   En la víspera de la llamada “Toma de Caracas” a realizarse el 1 de septiembre del corriente ha recrudecido la persecución política contra miembros de la oposición venezolana.  El más afectado ha sido el partido Voluntad Popular el cual declara ser víctima de una arremetida en su contra. A través de un vídeo esa organización argumenta que en los últimos tres días varios de sus miembros han sido objeto de acciones: “el primer día le revocan a Daniel Ceballos, ex alcalde de la ciudad de San Cristóbal,  su arresto domiciliario y lo trasladan a la cárcel “26 de Julio”, el mismo día trasladan a Francisco Márquez y a Gabriel San Miguel a la cárcel de Tocuyito, un penal común, al siguiente día allanan la casa de Lester Toledo, diputado por el Estado Zulia, fueron a casa de Delson Guarate, alcalde de un municipio en el Estado Aragua, y recientemente, a solo 4 días de la convocatoria para la gran marcha del 1 de septiembre, ocurre la detención arbitraria del dirigente Yon Goicoechea”.  Sobre este último, la prensa reporta el día de hoy que Goicochea no ha tenido acceso hasta el momento a abogados ni familiares. Otras medidas de amedrentamiento, señala un Comunicado de la Secretaría General de la OEA, incluyen: “la orden de aprehensión contra el Alcalde Warner Jiménez, el acoso a la sede de Voluntad Popular, la detención de Carlos Melo, traslado de Raúl Baduel y Alexander Tirado a la cárcel de alta peligrosidad 26 de julio, retención de la Diputada María Hernández...”. El comunicado concluye haciendo un llamado en defensa de los derechos humanos en Venezuela:” Particularmente se llama al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a permitir, en el más amplio marco de libertad y de garantías ciudadanas, las manifestaciones de la expresión popular y a evitar medidas que puedan alentar la violencia y generar climas de confrontación, tales como la programación en el mismo día de marchas y manifestaciones pro gubernamentales.” Nota: ver documento original en los anexos. Los enlaces del documento base están activos para su referencia, podemos enviar aparte a solicitud.   

Solicitud de medidas cautelares ante la CIDH por crisis La organización Justicia Internacional (Justice International) introdujo una solicitud de Medidas Cautelares por la crisis humanitaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El objetivo fundamental de esta petición ante la CIDH es solicitar a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acción inmediata y eficaz por parte del Estado venezolano orientada a normalizar, de una vez por todas, el abastecimiento de medicinas e insumos médicos, implementar un plan de control de epidemias y sobre todo, rescatar en forma urgente, en todo su alcance y complejidad, el sistema de salud en Venezuela”, señaló Carlos Suárez Giménez, director y vocero de la ONG. La acción ante este organismo internacional busca actualizar y ampliar el alcance de las Medidas Integrales previamente solicitadas al Estado venezolano por la propia CIDH. Ante el cúmulo de evidencias presentadas ante la institución, a raíz del trabajo arduo y esmerado de denuncia por parte de decenas de ONG nacionales e internacionales, incluyendo Justicia Internacional, el 22 de julio de 2016 la CIDH exhortó al Estado venezolano a “adoptar medidas integrales frente al desabastecimiento en Venezuela”. Brenda Garrido Amario, coordinadora del proyecto, y Luis Rodríguez, jefe de redacción del documento, explican que además de una cronología detallada de los hechos alegados, la solicitud contiene más de una veintena de medidas cautelares, las cuales buscan impedir la continuación de hechos de suma gravedad relacionados con el derecho a la salud y otros derechos, como el derecho a la alimentación, al trabajo, a la no discriminación, a la información, entre otros, todos ellos parte fundamental de una visión integral de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran, el derecho a la salud. Concluye el trabajo de la ONG con un exhorto de importancia para la CIDH. Considerando que en vez de optar por promover activamente la cooperación entre los factores nacionales e internacionales relacionados con el sistema de salud, el Estado venezolano optó por el antagonismo y la represión política como respuesta ante la crisis que vive el país. Teniendo en cuenta, igualmente, el carácter irreparable de los daños ya acontecidos y de aquellos por acontecer, la CIDH debe otorgar medidas cautelares para la población venezolana en el marco de una aguda y creciente afectación del derecho a la salud en Venezuela. “Si bien el otorgamiento de medidas cautelares en ningún momento representa prejuzgamiento en cuanto a la violación de un derecho, de ser otorgadas las medidas cautelares que hoy solicitamos, estas podrían servir de marco de referencia  para iniciar un proceso orientado a restaurar el pleno ejercicio del derecho a la salud en Venezuela, ante la eventual activación de la Carta Democrática Interamericana en ese país”, puntualizó a manera de conclusión el vocero de Justicia Internacional, Suárez Giménez. Justicia  Internacional tiene planteado reuniones la próxima semana en la Organización de los Estados Americanos, así como en la CIDH, donde entregarán documentación relacionada con la campaña por la activación de la Carta Democrática para Venezuela conocida como #OEACartaYa @JusticiaINTL y otras acciones en defensa de los derechos humanos y la democracia en el continente. Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/justicia-internacional-solicita-medidas-cautelares-ante-cidh-por-crisis_87690